Publicado hoy en La Prensa

El Estado, ausente en disputa entre indígenas y multinacional

Goliat genera energía

Comunidades amenazadas por el megaproyecto hidroeléctrico de AES Changuinola

AVANCE. Los trabajos de construcción del dique principal de Chan 1 van a toda máquina. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Paco Gómez1174592

Paco Gómez Nadal
CHANGUINOLA, Bocas del Toro
nacionales@prensa.com

Hay 112 escalones que separan a la comunidad de Charco La Pava del imponente río Changuinola. El aliento no alcanza para el caminante urbano, pero el empinado reto no logrará evitar que esta comunidad quede anegada cuando la represa que se construye a escasos 300 metros entre en operación.

Cuando esto ocurra, la comunidad habrá sido trasplantada a la loma de un cerro que alcanza a divisarse desde el caserío actual. Estará a unos 20 minutos a pie del agua y a una derrota de su tradición, de su forma de vida.

Alrededor de Charco La Pava, AES Panamá –la principal empresa generadora de energía en el país– avanza a pasos de gigante en su proyecto de Hidroeléctrica Chan 75 (Ahora Chan 1) y, a cada paso, las tensiones con y entre la comunidad crecen alimentadas a punta de salarios y discursos.

Algo más de 563 millones de inversión, unos 900 trabajadores, campamentos para sus técnicos que se parecen a los enclaves en la antigua Zona del Canal y… un “pequeño” problema: las comunidades indígenas ngöbe como Charco La Pava, Guayabal, Lazo o Valle del Rey, entre otras. Según los datos de AES, 159 familias con 800 miembros cuyas tierras quedarán dentro de las mil 394 hectáreas que serán anegadas.

Desde hace cuatro años, la empresa ha jugado a dividir la comunidad y desde entonces el pleito ha pasado de las palabras a los enfrentamientos violentos, por la represión policial [la empresa tiene un contrato de prestación de servicios de seguridad con la Policía Nacional] y llegando a la visita de James Anaya, relator especial de Naciones Unidas para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas el pasado 29 de enero. “Desde que vino Anaya, la empresa presiona un poco menos”, explica Bernardino Tera, de Guayabal. “Bueno, en realidad han cambiado la técnica, ahora utilizan gente de la misma comunidad para convencer y presionar a los que no le vemos el beneficio al proyecto”.

No opina lo mismo Thais Mejía, actual enlace de AES con la comunidad. “No se crean que ese señor [Anaya] les va a solucionar algo, es con nosotros con quien hay que negociar”. Sus palabras se escuchan en el precario salón de la escuela de Charco La Pava donde varios empleados de AES y funcionarios de diversas instituciones del Estado se reúnen con algunos miembros de la comunidad favorables al proyecto. La negociación se acaba cuando se trata de lo que AES denomina Reasentamiento Participativo. “Lo que sí les digo es que el reasentamiento va por que va. Vamos atrasados y no vamos a parar porque tres o cuatro personas no estén de acuerdo”. Concluye “la licenciada”.

A pocos metros de la escuela, Rafael Ábrego, uno de los que se enfrenta a AES mantiene otra versión de la historia. “Ellos nos desprecian, nos dicen que vivimos sucios, entre los animales y la basura, en casas feas… Nos quieren meter en casas de bloque, lejos del río”. Desde el lugar donde está sentado Rafael y Amelia Pineda –otra líder contundente en su posición– se pude ver el incómodo camino de piedritas hecho por AES como aporte a la comunidad. “Debe ser para no mancharse ellos cuando vienen, nosotros vamos con botas de caucho”.

Desde Charco La Pava se pueden ver las obras del dique principal de 99 metros de altura. La devastación es evidente. Ahora, unas 40 personas de las comunidades trabajan temporalmente para AES. Se pasean por el área con casco y chaleco, pero con muy pocas funciones. “Engañan a unos porque son analfabetos o no hablan español. A otros, los compran por un salario, aprovechando su pobreza”, se lamenta Ábrego.

El caso simbólico que muestra AES de estos reasentamientos “participativos” es el de Isabel Beker. De hecho, en su sitio web la ponen como ejemplo de mejora de calidad de vida. Cuando James Anaya visitó a la señora, el símbolo no cumplió con el guión y contó que quiere volver a Charco La Pava y cómo la forzaron abandonar el terreno en el área de la represa.

Valentín Pineda, administrador regional de la Autoridad del Ambiente en Bocas del Toro, cree que debido a lo “conflictivo” del proyecto la mayoría de las delegaciones provinciales del Gobierno central “no han sido suficientemente beligerantes”. En Chan 75 “se dejó la parte social para el final y tuvimos que jalarle las orejas a la empresa”, continúa Pineda quien al final reconoce que, en cualquier caso, sus competencias son limitadas. “Hay decisiones que se toman en Panamá”.

La ausencia del Estado en estos conflictos es evidente. Las comunidades deben negociar por su cuenta y eso las deja en clara desventaja. En el caso de Charco La Pava la desconfianza de los habitantes ante cualquier extraño es contundente. Llegar allá es difícil, porque la empresa controla la carretera pública y registra e interroga a todo aquél que quiera entrar a la zona. Ganarse la confianza de los habitantes es igual de difícil.

Los indígenas ngöbes saben que esta pelea les toca solos. En Charco La Pava, Ernesto López está seguro de que la comunidad tendrá que tomar otra vez “medidas de fuerza”. “El Gobierno está para ayudar a la empresa y en Changuinola todos los medios de comunicación están comprados… no quedan muchas alternativas”. Una mirada que confirma un periodista local en Changuinola, aunque pide el anonimato por miedo a represalias: “aquí casi todo el mundo recibe plata de esta gente”. Un único cabo suelto para Goliat: la diminuta población que sigue oponiéndose a reasentamientos o a compra de tierras.

(nota publicada en La Prensa el 5 de marzo)

Paco Gómez Nadal
paco@prensa.com
A unos 40 minutos de caminata de Kusapín está Mrusaray (la forma ngobere de denominar Guacamayo). Mursaray significa, en una traducción aproximada, “lo que quedó” y si se destaca es por que allá un monstruo inundó las hermosas playas llenas de uvos y la población se protegió en un cerro para salvar la vida. Acá, en esta calma que parece imposible en un mundo de celulares y tiempo envasado, una pequeña comunidad guarda el paraíso. Una sucesión de playas interminables, con olas espumosas que ora acarician ora golpean, sembradas de palmas que un día mantuvieron a la población con sus cocos para la exportación y bañadas desde el interior por una vegetación sin límite y unos cultivos que hasta sin trabajarlos regalan comida y sombra.
Muy cerquita está Kusapín, el pueblo más grande de la península Valiente, y allá es fácil sentir que los guardianes del paraíso se han tenido que volver desconfiados para que su paz no sea usurpada. Los amables saludos al extraño no pueden ocultar el recelo y más si tiene pinta de ‘gringo’. “No me gustan los gringos, ya sabe a qué vienen”, dice una mujer sentada en una escalera sin ninguna intención de subirla o bajarla. Se refiere a los inversionistas turísticos y al pulso que esta comunidad tuvo que mantener con el Consorcio Damani Beach S.A y con sus propias autoridades ngobe, cuando éstas firmaron un convenio con la empresa extranjera para la explotación de esta región en exclusiva por 45 años.
“Nuestras autoridades se venden. Aquí no tenemos la vida social del dólar y cuando alguien aparece con un par de billetes… pues se venden”, se queja con rabia Diego Hanckoc; “Si no nos unimos y defendemos este patrimonio nos va a pasar lo que en Isla Colón”, insiste Mariano Recor; “El pobre es negociable… y por eso al gobierno le conviene mantenernos sin educación porque nuestro despertar sería grande”, concluye Sebastián Jiménez. Hablamos a oscuras porque la planta que genera energía lleva tiempo sin el costoso diesel. Sin embargo, Kusapín es una comunidad limpia y ordenada, organizada, sin duda.
En los habitantes hay un sentimiento de abandono por parte del Gobierno y de los propias autoridades –divididas en dos Congresos Ngöbe-Buglé- y quizá por eso sienten que deben defender ellos solos este territorio. En Nidori, por ejemplo, los habitantes de las 11 casas plantadas al pie de una playa de arena blanca de postal, se están organizado para recibir un turismo de bajo impacto. “Hemos construido este chiquero a la sombra y ahora vamos a intentar poner un sitio para bañarse con agua dulce y una letrina abonera”. Arturo Beker es uno de los líderes de esta pequeña comunidad y todos los martes reúne a su gente para hacer trabajo comunitario con la ayuda de Jayne Konecny, una voluntaria de los Cuerpos de Paz que vive en el vecino Guacamayo.
Al atardecer, la costa de la península se tiñe de ocres y plateados que compiten en este mar agitado que no es aconsejable en día de lluvia o fuerte brisa. Los andenes de Kusapín son la ruta de encuentro y de charla. Algunas tiendas o casas tienen generador eléctrico, pero son los focos de mano los que permiten localizar la chitra y alimentar la conversación. “Publique lo que decimos”. Sebastián Jiménez, médico ngöbe se despide recordándome su metáfora del momento: “En la conquista nos metieron en una cueva y ahora se han dado cuenta de que esa cueva está llena de tesoros. Nadie nos va a defender, así que nos toca resistir a nosotros”.